Ecuador: las protestas contra los planes del FMI desafían el estado de excepción
A pesar de los más de 370 detenidos que se contabilizaban al cierre de la jornada del viernes, las declaraciones de Moreno no hicieron más que echar combustible al fuego de la protesta, que amenaza con crecer en las próximas horas.
La respuesta gubernamental es la de militarizar por completo las calles del país, lo que no hará más que inflamar los ánimos haciendo escalar las demandas de los manifestantes, que por ahora piden que se derogue el "paquetazo", en referencia a la serie de medidas presentadas por Moreno a pedido del FMI, que incluyen el fin de los subsidios al combustible, una reforma laboral y otra impositiva.
Moreno se aferra a las exigencias del FMI y decidió confrontar con los manifestantes al señalar que su único objetivo es "desestabilizar el Gobierno", y desacreditó el llamado a huelga, argumentando que el estado de excepción es para "garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de servicios básicos e instituciones".
El segundo día de protestas, sin embargo, mostró un panorama diferente. La paralización fue notable en varias ciudades. Cientos de estudiantes universitarios y activistas de movimientos sociales rompieron las vallas de seguridad que cercaban los alrededores del palacio de Gobierno, Carondelet, y se enfrentaron con policías.
El paro del transporte provocó la suspensión de clases y piquetes en calles y avenidas de la capital ecuatoriana, donde se quemaron neumáticos y maderas.
En diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, considerada la capital económica de Ecuador, se produjeron enfrentamientos, además de algunos saqueos a comercios y establecimientos públicos, mostrando que la situación está lejos de haber sido controlada, como insinúa el Gobierno.
En un discurso que parecía de ficción, y mientras que en las redes sociales se mostraban imágenes de las protestas, Moreno manifestó que los ministros del Gobierno le informaron desde Quito que "se están controlando casi en su totalidad los focos de violencia que se han generado".
Militarización
La militarización y detenciones masivas es la forma que encontró el Gobierno para avanzar con los planes del FMI. Además de los 250 detenidos de la primera jornada de protestas, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano informó este viernes que habían detenido a dos dirigentes del sector del transporte.
En su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía indicó que durante la madrugada fueron detenidos para ser investigados Mesías V., secretario general del Sindicato de Chóferes de la provincia del Azuay, y Manolo S., presidente de la Cámara de Transporte de la ciudad andina de Cuenca, "por presunta paralización de servicio público".
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) denunció la "arbitraria detención de Marlon Santi por la Policía Nacional", y añadió que "junto a Jairo Gualinga, dirigente de Juventud de la Conaie, y dos jóvenes universitarios, serán trasladados a la cárcel de Putuimi para la posterior Audiencia de flagrancia".
También hizo declaraciones la Confeniae (otra de las organizaciones indígenas) que expresó su "repudio a los actos represivos de la policía y el ejército, y la política de criminalización de la lucha y la protesta social de la Ministra del Interior, María Paula Romo, y el Presidente Lenin Moreno".
Pese al estado de excepción, que durará sesenta días, la paralización del transporte se mantiene indefinida.
Ecuador se suma a la lista de países que vienen registrando protestas por la aplicación de los planes de ajuste exigidos por el FMI, que no traen más que penurias, miseria y hambre para la población. Países como Costa Rica, Nicaragua, Sudán, Túnez, Honduras o Haití ya han mostrado protestas similares. Junto a Ecuador, Argentina podría ser el próximo país que se sume a la lista teniendo en cuenta el nivel de deuda contraída con el FMI, y la exigencia de ajustes y reformas estructurales que exigirán en los próximos meses.
